La historia de las mujeres a lo largo de muchos siglos ha sido de injusticia, violencia y subestimación de sus derechos. Es por eso que el Día de la Mujer es reconocido como una fecha para celebrar la conquista de grandes logros pero también para concientizarnos de que aún falta mucho trabajo por hacer en pro de la dignidad de más de la mitad de la población mundial.
Uno de los grandes problemas y quizás el que mayormente afecta a las mujeres de todo el mundo, es la violencia contra ellas y la falta de sanciones contundentes a los victimarios. En nuestro país, a pesar de que se ha avanzado en leyes que castigan a los agresores de mujeres, muchas veces esas mismas leyes no se aplican.
El problema de impunidad contra la violencia de género lo comparte nuestro país con el resto de la comunidad de Latinoamérica y el Caribe. La directora de la campaña “Únete” de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Nadine Gasman, afirmó a los medios que “tenemos una región (latinoamericana y caribeña) donde hay violencia extrema pero también unos estados que no están cumpliendo con sus obligaciones de protección de las mujeres, de sanción a los responsables y de reparación a las víctimas”.
La Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Profamilia (ENDS, 2010) reporta la cifra vergonzosa de un 37 por ciento de mujeres que admitieron ser víctimas de maltrato por parte de su pareja, incluyendo al ex-novio o ex-esposo, con conductas que van desde el zarandeo, golpes con la mano o con algún objeto, amenazas con armas o intento de homicidio.
Ángela Robledo, representante a la Cámara declaró recientemente: “lo que he visto es que hay un enorme desconocimiento de las mujeres y de las adolescentes en cuanto al conjunto de leyes que tenemos. En segundo lugar, que los fiscales, jueces y comisarios de familia no tiene un debido conocimiento y por eso la ley no actúa de manera pertinente y eficaz”. Y agrega: “Tampoco es verdad que no queramos denunciar, lo que pasa es que no hay una institucionalidad preparada”.
El informe Forensis del Instituto de Medicina Legal reporta en un 11% el aumento de la violencia sexual entre 2010 y 2011, siendo las niñas entre 10 y 14 años las más afectadas con 7.304 casos.
La Corte Constitucional ha establecido que “la violencia sexual contra la mujer es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano” (Auto 092/2008), a propósito de la preocupación que han expresado varios organismos internacionales acerca de la doble violencia que viven las mujeres desplazadas: la expulsión de sus hogares y territorios sumada a la violencia doméstica y sexual que sufren, tanto de sus parejos como de los actores armados.
Noticias recientes de otro caso de violación y empalamiento en Bogotá y el presunto suicidio de Angélica Bello, una líder comunal que fue desplazada, violada y torturada junto con sus hijas hace unos años, nos obligan a hombres y mujeres a seguir luchando por los derechos de las mujeres. Y uno de esos derechos es que sean capturados y castigados ejemplarmente los responsables de la violencia y abuso hacia ellas.
Como lo anotó Marcelo Pollack, investigador sobre Colombia de Amnistía Internacional, “al no investigar efectivamente la violencia sexual contra la mujer, las autoridades de Colombia transmiten a los perpetradores el peligroso mensaje de que pueden seguir violando y cometiendo abusos sexuales sin temor a las consecuencias”.
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